En un caso que ha consternado a la comunidad, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión contra una abuela acusada de calcinar a su nieta de 10 años en el municipio de Cuautinchán. La menor, identificada como María Alejandra, padecía una discapacidad y había estado bajo el cuidado de su abuela materna, Alejandra N, de 48 años.

El caso tuvo su origen el 24 de agosto, cuando el departamento de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares recibió un informe sobre la desaparición de María Alejandra. La niña fue vista por última vez el 23 de agosto, bajo el cuidado de su abuela. Posteriormente, la abuela publicó en Facebook un comentario que aludía al fallecimiento de la niña, pero lo eliminó minutos más tarde

Cuando una tía de la niña cuestionó a Alejandra N sobre el paradero de la menor, la abuela confesó que María Alejandra había muerto y que había cremado el cuerpo con gasolina en un predio cercano. Las autoridades, tras recibir esta información, iniciaron la búsqueda de la menor. Finalmente, Alejandra N fue localizada en la comunidad de San Baltazar Torija, donde admitió la muerte de su nieta. Al solicitarle el acta de defunción, intentó huir por una ventana pero fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.

Alejandra N. fue aprehendida por la @FiscaliaPuebla en investigación por la desaparición de su nieta de 10 años de edad con capacidades diferentes, cuyos restos y pertenencias fueron quemados en un predio de Cuautinchán. En su domicilio se hallaron más indicios biológicos.

En un cateo realizado en la vivienda de la acusada el 26 de agosto, se encontraron manchas de sangre y ropa de la menor. Además, en la propiedad de Alejandra N, las autoridades descubrieron una bolsa con cenizas y restos óseos, que están siendo analizados por el Instituto de Ciencias Forenses.

Alejandra N fue imputada el 29 de agosto y se encuentra bajo medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a la espera de su juicio.

Este caso ha causado gran impacto y conmoción en la comunidad, levantando preguntas sobre la seguridad y el bienestar de los menores y personas discapacitadas en el estado de Puebla.